Programas de atención educativa: ¿Discriminación encubierta?

En la Comunidad Valenciana, después de años de calculado abandono de los servicios públicos en general, padecemos uno de los sistemas de enseñanza pública más seriamente degradados del Estado. Fracaso escolar, conflictividad creciente, desmoralización del profesorado… Harta de mentiras mediáticas, la sociedad civil está empezando a pedir cuentas a los responsables políticos de este desastre. Temerosos ante la galopante pérdida de credibilidad de su discurso, ¿cuál es ahora su propuesta? Sencillamente, esconder el polvo debajo de la alfombra y esperar a que milagrosamente desaparezca.

Así, se está ofertando a los centros educativos toda una maraña de programas etiquetados como “de atención a la diversidad”. Sus nombres, siglas y modalidades crecen de año en año. El supuesto espíritu de estos programas es atender educativamente a los alumnos que lo necesiten para que subsanen lo antes posible sus posibles deficiencias y que de este modo acompasen su ritmo de aprendizaje al del resto de sus compañeros. Pero la praxis de estos programas es muy diferente. Lejos de integrar, estos programas están sirviendo para poner en marcha de forma subrepticia itinerarios discriminadores. Los alumnos que molestan, que no sirven, son incluidos en programas cuya primera medida consiste en sacar al alumno del aula y reubicarlo en algún otro lugar. Programas de Compensación Educativa, PROA, PASE, PCPI, son algunos de los nombres y siglas tras las que se esconden los nuevos espacios a los que se traslada (a tiempo parcial o a tiempo completo) a los alumnos que “sobran”. ¿Qué profesores son asignados a esos programas? Los últimos en llegar. El resultado es que programas educativos supuestamente diseñados para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos menos aventajados están en realidad sirviendo para remachar el fracaso escolar mediante la discriminación de facto de estos alumnos a los que supuestamente se pretende ayudar.

Los programas de atención a la diversidad son necesarios y útiles si se planifican cuidadosamente y se hace un seguimiento adecuado de los mismos. Pero la realidad en la Comunidad Valenciana es que estos programas están sirviendo de tapadera para todo tipo de apaños más o menos espurios, casi todos ellos apuntando en la misma dirección: librar a los “buenos alumnos” y a los “buenos profesores” de los “malos alumnos” que serán pastoreados por los “otros profesores.” Y todo ello sin una mínima planificación, sin seguimiento alguno y sin continuidad; muchos de estos programas son concedidos un año sí, pero al siguiente no. ¿Qué más da, cuando de lo que de verdad se trata es de retirar de la circulación al alumnado molesto?

La resolución de los problemas que aquejan al sistema educativo en nuestra Comunidad pasa por una estrategia a largo plazo en la que se implemente un programa de formación continua del profesorado bien planificado y financiado, se establezca un reparto proporcional del alumnado con necesidades educativas específicas entre todos los centros (no sólo los públicos), se suministre una dotación adecuada en personal y recursos materiales a dichos centros y se diseñe de forma estable un sistema estandarizado para la atención a la diversidad presidido por el principio de integración, y no por la discriminación encubierta. Ese es el camino.

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